Georgina Kessel ex secretaria de Energía (2006-2011), uso ese cargo público para satisfacer intereses particulares al recibir 600 mil pesos en pago a sus servicios de consejera externa de Iberdrola(empresa ligada al sector energético)

El periódico La Jornada dio a conocer la parte turbia de la renuncia de Kessel en el sexenio de Calderón;  al publicar que la ex funcionaria recibió 35 mil euros (equivalentes a unos 600 mil pesos) en pago a sus servicios de consejera externa de Iberdrola y que su renuncia en 2011, para incorporarse cinco meses después como consejera independiente dicha empresa, líder en producción privada de energía eólica en México estuvo fuera de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, (los artículos 8 y 9, obliga a los funcionarios a a esperar un año para aceptar algún cargo en compañías relacionadas con el cargo que desempeñaron), se evidenció una vez más, la falta de ética de los servidores públicos, en el que el desempeño de un cargo público es un medio para satisfacer intereses particulares propios o ajenos.

La concesión de cientos de permisos para la producción independiente de energía, las principales beneficiadas fueron las trasnacionales Iberdrola y Unión Fenosa. Iberdrola es una de las empresas privadas que ha incursionado como productor independiente de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La compañía española tiene operaciones en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y México. Los estados financieros indican que México aporta 16 por ciento del flujo de efectivo de la empresa, mientras Reino Unido contribuye con 19 por ciento y España con 68 por ciento.

La desviación del servicio público se ha expresado en casos como el de Ernesto Zedillo, quien tras su salida del cargo, en diciembre del año 2000, se desempeñó como funcionario de varias compañías trasnacionales, como Procter & Gamble, Alcoa y Union Pacific, algunas de las cuales se vieron ampliamente beneficiadas durante su mandato; el de Francisco Gil Díaz, quien 33 días después de dejar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se convirtió en consejero de HSBC, y el del desaparecido Juan Camilo Mouriño, quien, en calidad de legislador y posteriormente funcionario del gobierno federal, actuó en representación de una empresa de su familia para firmar contratos con Pemex.

El denominador común de todos esos funcionarios es que, pese a haber sido objeto de cuestionamientos públicos por los múltiples conflictos de intereses en que incurrieron, no ha enfrentado alguna sanción a consecuencia de ese desempeño, gracias a la red de impunidad en la que vivimos.