Las circunstancias en las que viven ciertas regiones de nuestro país, merecen preocupación por encima del promedio, son de carácter urgente. Si bien en todo el país existen razones que motivan la indignación, el malestar y que suscitan exigencias de mejores condiciones que el Estado, en su papel como protector -a cambio de a actitud cívica de nuestra parte- está obligado a proveer y vigilar que se cumplan. Pero ante la incapacidad estatal de controlar, mitigar (y ya no digamos erradicar) la violencia proveniente del crimen organizado, la endeble situación de seguridad se ha tornado insoportable en los municipios más olvidados y que se encuentran en el desamparo total desde hace varios años.

A esto se le puede sumar la deprimente ausencia -a nivel mundial-, de una verdadera solución integral para el problema del narcotráfico, pues los Estados han preferido concentrar sus fuerzas y atención al asunto coyuntural del contrabando y simplemente se le afronta desde un enfoque militarizado, armado, y de inteligencia policíaca. No existe en todo el mundo un país que se atreva a afrontar el problema desde lo social, como un problema de salud para los adictos y con una campaña de información y orientación para quienes cargan con pesados tabús y estigmas sobre las drogas. Y resulta que el poderío del estado se ve debilitado frente a la amenaza frontal del crimen organizado.

Es en este contexto que, en una pequeña parte del mundo, en un pequeño engrane social de ese gran entramado que comprende el funcionamiento del narcotráfico (que es mucho más que violencia, adictos y flujos económicos), han aparecido ante el ojo público las llamadas policías comunitarias y grupos de auto defensa.

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Origen

Las policías comunitarias siempre han existido en México, prácticamente van de la mano con el nacimiento del país (sólo es necesrio recordar las caóticas condiciones en que nació nuestra patria); han protagonizado diversos pasajes históricos, durante la revolución por ejemplo o cuando  incluso fueron armadas por el propio gobierno. Pero en especial, la ley mexicana siempre ha contemplado y legitimado a las policías comunitarias en comunidades indígenas. Se consideró que éstas tienen todo el derecho de autoprotegerse y así el gobierno se libró de una tarea, sustentado en los usos y costumbres de los pueblos originarios de estas tierras.

En términos estrictamente legales, si no se les reconoce o se les subordina, se violan los derechos colectivos de los pueblos, es decir, sí cuentan con respaldo constitucional. Esto se funda en que los derechos de los pueblos indígenas son preexistentes al Estado, así lo reconoce el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  y la Constitución Federal, en su artículo segundo; además el artículo 39 de la Constitución Federal mexicana señala que la soberanía radica en el pueblo.

“Todos los pueblos tienen un derecho que es inalienable: el de la libre determinación. Los pueblos indígenas, en la legislación nacional e internacional, ejercen esa libre determinación como autonomía, al interior del Estado pero con derechos colectivos. Como parte de la autonomía, tienen derecho a sus propias estructuras.”   Señala Francisco López Bárcenas, abogado e intelectual mixteco.

Estos grupos existen por todas partes del país: En el norte del país está la guardia tradicional seri, la guardia tradicional yaqui, que viene desde la estructura que les heredaron los jesuitas; en Yucatán existe la guardia tradicional maya de Chan Santa Cruz, que se ubica actualmente en el municipio de Carrillo Puerto.

Su origen viene del sometimiento que sufrieron los pueblos originarios. En el siglo XIX, por ejemplo, con la instauración del Estado, fueron sometidos a las reglas de éste, siendo despojados de sus tierras y demás embates, entonces asumieron una estructura militar que conservan. En cualquier pueblo del país existen o existieron policías comunitarias. Si el Estado y la gente se sorprende con la existencia de estos grupos es por qué jamás han volteado a ver a las regiones desamparadas.

Sin embargo, actualmente son las policías comunitarias en Guerrero las que acaparan la atención.

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Policías Comunitarias en Guerrero.

Como es lógico, estas policías surgen ante las olas de violencia que afectaban directamente su producción cafetalera (prácticamente su única actividad económica). Esto sucedía en lo que hoy es la carretera Tlapa-Marquelia y la Costa Chica (San Luís Acatlán-Marquelia) en la década de los ochenta e inicio de los noventa. Entre 1992 a 1995 la situación se tornó insostenible pues la delincuencia y violencia excedió por mucho los límites (asaltos, violaciones, agresiones, asesinatos) y es en 1995 cuando nace la policía comunitaria que hace poco llegó a las priemeras planas y pantallas de los grandes medios de comunicación. Esta policía nace después de tres asambleas en las que convergieron todos los pueblos de esta región al sureste del estado de Guerrero y en las que se había convocado la participación de las autoridades “legales”, las cuales nunca llegaron. Y fue así que en Malinaltepec se funda esta policía integrada por voluntarios, que con el tiempo han gozado de un estatus social que es de admirarse.

Así se  autodefine esta policía a través de un documento oficial.

“La Policía Comunitaria se establece como un sistema de seguridad propio, donde cada comunidad elige un grupo de Policías Comunitarios, coordinados a nivel regional por el Comité Ejecutivo de la PC. Actualmente, son más de 700 los Policías Comunitarios que prestan servicio gratuitamente, protegiendo a una población de alrededor de 300 mil habitantes.

Con la presencia de los Comunitarios la delincuencia disminuyó en manera muy considerable; sin embargo no se pudo erradicar el problema, pues se hizo aún más evidente la ineficacia y la corrupción de las autoridades encargadas de aplicar y administrar justicia. Fue por esto que en 1998 decidimos dotarnos de nuestras propias autoridades regionales para la procuración e impartición de justicia (CRAC).”

Ante la conocida impunidad e injusticia por parte del Estado, nace la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), ente que imparte la justicia en esta región, basado en un reglamento interno que combina las formas tradicionales indígenas de resolución de problemas y el derecho positivo occidental.

La jurisdicción de la CRAC es amplia, pues contempla desde pequeños robos de los adolescentes hasta homicidios o tráfico de drogas, en todo caso, el fin último de sus sanciones siempre es “reeducar” o reintegrar a los que hayan incidido en una penalidad; lo hacen mediante trabajo comunitario reglamentado y condicionado y una orientación social por parte de los líderes. Según las propias autoridades ministeriales, este sistema de justicia ha resultado eficaz, pues la delincuencia disminuyó en un 95%, al menos hasta hace poco.

Esta es la división de comunidades en cada municipio, cada una con su casa de justicia.

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Actualidad

La vida de los pueblos indígenas de la Montaña está marcada por la marginación, la represión, la falta de acceso a la justicia y los conflictos políticos y agrarios. La militarización, el narcotráfico y los grupos armados son tres realidades inocultables en la región de la Costa-Montaña, donde el Ejército frecuentemente se impone como la autoridad que asume el control policiaco y militar.

Actualmente, el Sistema de Justicia y Seguridad Comunitaria de la Costa-Montaña de Guerrero está conformado por más de 60 comunidades na savi (mixtecas), me’phaa (tlapanecas), nahuas y mestizas.

Aquí existe un grave problema, pues chocan dos entes armados y ambos luchan por la legitimidad en “el monopolio de justicia, protección y vigilancia”. Algunos opinan que el Estado debe ajustarse a lo que dice el convenio 169 de la OIT y lo que dice la Constitución Federal en los artículos segundo y 39, es decir respetar la autonomía y derechos de los pueblos originarios. Por otra parte, existen quienes opinan que el Estado no puede permitir bajo ningún motivo que estos grupos existan o proliferen, pues a pesar de todo, se encuentran bajo su jurisdicción (esto supondría que también bajo su protección aunque ésta no parece ser real) y que el Estado tiene que mantener el control de todo grupo armado o esto puede acabar mal.

Ciertamente existen riesgos con la existencia de estos grupos armados, dicen “uno sabe cómo empiezan pero no cómo acaban”. Y es que se debe hacer una importante distinción: no es lo mismo policía comunitaria que grupo de auto defensa. Estos últimos son los que han surgido recientemente. Ante la emergencia que representa la presencia del narco tráfico en la región, aparecen los grupos de auto defensa pues la policía comunitaria no puede hacer frente al narco (son grupos articulados para amenazas menos violentas y poderosas). Con el grupo de auto defensa se incrementó el número de voluntarios y así se ha logrado enfrentar al crimen organizado.

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El problema con el grupo de auto defensa es de carácter histórico. Más de una vez, estos se han transformado en grupos paramilitares, es decir, en grupos de choque al servicio del gobierno. Esto se debe a que, a diferencia de la policía comunitaria, no son elegidos por los pueblos, ni responden a sus usos y costumbres y no se apegan a sus sistemas de tradiciones. Estos responden a un problema coyuntural y por tanto son corrompibles; no cuentan con el lazo del compromiso social con su pueblo de forma tan sólida como la policía comunitaria clásica. Sin embargo, no es un hecho que esto vaya a suceder en el caso de los municipios de Guerrero.

Y es que el problema original emana del Estado mexicano. Francisco López Bárcenas opina al respecto:

 “Cuando dicen que las policías comunitarias están fuera de la ley o que tienen que estar subordinadas a las policías municipales o estatales, que eso es hacerse justicia por su propia mano, o que son delincuentes –como dijo el expresidente de la CNDH-, lo que dicen es que no quieren que se respete el derecho.

No acaban de entender que los derechos de los pueblos son derechos colectivos, no derechos individuales… en México no terminamos de reconocer que en la realidad existen pueblos indígenas y que ya tienen derechos en el sistema jurídico.

Después tratan de satanizarlos: miren a los indios, cómo les vamos a dar derechos si miren cómo violan los derechos humanos, cómo disparan a la gente, cómo quieren hacer justicia por ellos mismos”.

Y es que ante la nula existencia de justicia en nuestro país ¿qué salida le queda a los desprotegidos y olvidados? No intento justificar, ni tomar partido, pero me pregunto si el estricto apego a un sistema corrupto e ineficiente está por encima de salvaguardar a los pueblos. Sistema que además desprecia a los indígenas, los ignora.

Es muy complicado tomar un partido en el asunto pues por un lado se puede exaltar la autonomía de los pueblos como una utópica alternativa de bienestar que se contrapone al Estado, como si hubiesen encontrado el paraíso y olvidarse de las deficiencias (normales) de este sistema que se presta a abusos y linchamientos; mientras que por otro lado se les puede satanizar y tratar como salvajes que no se apegan a la ley, pero sin toman en cuenta el contexto y la nula probabilidad de que el Estado resuelva sus demandas. Creo que sólo no queda nutrirnos de información.

Por: Aldo Bravo